El Patrimonio de San Pedro

Desde el momento en que, por ley imperial constantiniana, fue reconocido a la Iglesia el derecho de poseer, recibir y heredar cualquier tipo de bienes (Código Teodosiano XVI, 2, 4), Roma fue haciendo acopio de un notable conjunto de posesiones y propiedades.

El mismo Constantino fue uno de los primeros en donar a la sede apostólica diversos bienes, principalmente inmuebles –no consideramos aquí, por su carácter apócrifo, la denominada Donación de Constantino–. A las donaciones de éste y otros emperadores se unieron las de numerosos fieles, con lo que se produjo un paulatino crecimiento de los haberes y las posesiones del Romano Pontífice, que con el paso del tiempo pasaron a denominarse Patrimonio de San Pedro.

De este modo, el obispo de Roma se convirtió primero en un gran terrateniente, luego en una autoridad civil de enorme influjo social y finalmente en un verdadero soberano. El proceso de incremento patrimonial siguió la práctica legal romana relativa al patrimonium principis. Éste, durante el Imperio, constituía el patrimonio privado del que el emperador podía disponer a su arbitrio, y que se iba acrecentando por medio de herencias, compras o confiscaciones. Así, a partir del siglo VI formaban parte del mismo numerosas posesiones, tanto en la península italiana como en zonas de Sicilia, Córcega, Cerdeña, el norte de África, Galia, Dalmacia y partes de Oriente.

El papa Gregorio Magno (590-604), que antes de ocupar la cátedra de san Pedro había sido prefecto de la ciudad de Roma, desarrolló una audaz política administrativa y dotó de una eficaz organización a los diversos territorios del patrimonio pontificio. Los beneficios económicos resultantes sirvieron no sólo para mantener la necesaria administración pontificia, sino para realizar múltiples obras de carácter social y asistencial.

La atención al patrimonio papal se vio continuamente obstaculizada por los continuos conflictos entre las dos potencias que dominaban la península italiana en aquel período: el imperio bizantino y el reino longobardo. El papado, especialmente a partir de finales del siglo VI, constituyó una fuerza moral de primer orden. Y, en un tiempo en el que no existía tanto escrúpulo como en la actualidad a la hora de establecer los límites entre lo espiritual y lo temporal, se fue igualmente convirtiendo en un importante actor político.

El Papa, en efecto, se podía permitir la libertad de hablar a todos, y hacerlo con autoridad, sin necesidad de atender a las divisiones geográficas y políticas de los diferentes reinos que se habían ido creando tras la caída de Roma. A pesar de carecer de una entidad nacional propia, independiente, territorialmente se hallaba bajo la jurisdicción de Bizancio, pero nunca se le consideró súbdito del emperador. Es cierto que era súbdito, puesto que no hay más opción que ser súbdito o soberano, y en el Imperio no había más soberano que el emperador; pero en la práctica el emperador no podía elegir o nombrar al Papa, sino que se limitaba a ratificar, con mayor o menor gusto, la elección efectuada en Roma por los propios romanos. La autoridad pontificia no provenía por tanto de una encomienda del emperador, sino que surgía en modo independiente, apoyada en el prestigio de ser el sucesor del primero de los apóstoles.

Los conflictos permanentes entre longobardos y bizantinos provocaron no poca inestabilidad política y social en Italia, lo que afectaba directamente a la gestión patrimonial pontificia. Las diferentes campañas militares tenían frecuentemente como punto de mira ciudades o territorios pertenecientes al patrimonio pontificio, en continua expansión. Administrar dichas posesiones se hacía cada vez más complicado. A mediados del siglo VIII los longobardos, tras conquistar Rávena, capital del exarcado bizantino en Italia, amenazaron con atacar Roma. El Papa, Esteban II (752-757), no pudiendo esperar ayuda eficaz de la cada vez más debilitada Bizancio, preocupada sobre todo por contener la amenaza árabe, que presionaba en las fronteras orientales del Imperio, puso su esperanza en el reino franco. El mismo Esteban II cruzó los Alpes y se presentó ante Pipino el Breve para solicitar su protección.

El rey franco tenía sobrados motivos para atender la petición papal. Se movió en su favor no sólo por intereses políticos, también por una veneración sincera y devota a la memoria del príncipe de los apóstoles, a lo que habría que añadir el agradecimiento personal, pues fue el papa Zacarías, predecesor de Esteban II, quien avaló su ascensión al trono luego de que depusiera a Quilderico III, último rey de la dinastía merovingia. Pipino, por tanto, no sólo juró proteger a Esteban II, sino que selló con él un primer pacto, la llamada Donación de Quiercy, por el que se comprometía a entregar a la sede romana los territorios imperiales italianos que habían sido ocupados por los longobardos. Pipino prometía algo que aún no poseía, por lo que tuvo que afrontar diversas campañas militares para hacer que los longobardos se replegaran hasta los límites de lo que había sido su reino antes de que comenzaran a expandirse por Italia a costa de los bizantinos. Derrotados los longobardos y recuperados los referidos territorios, Pipino cumplió su promesa y no los restituyó a su anterior dueño, Bizancio, sino que los entregó al Papa.

Esteban II había logrado mucho más de lo que pretendía cuando vio llegar la amenaza longobarda. No sólo evitó que Roma fuera conquistada, sino que vio incrementado el patrimonio pontificio con un amplio conjunto de territorios, sobre los que podría ejercer una verdadera autoridad política e institucional bajo el amparo y la protección del reino franco.

Estos territorios, una franja que partía por la mitad la península italiana, desde las costas del Tirreno hasta las del Adriático, constituyeron el núcleo inicial de los Estados Pontificios y consolidaron el poder temporal del papado. De una autoridad importante e indiscutible, pero moral, se pasó a una autoridad política plena, real y efectiva.

Así nació uno de los Estados europeos con más solera. Perduraría once siglos, hasta la conquista de Roma por parte de las tropas del recién creado reino de Italia, el 20 de septiembre de 1870. Renacería, con nombre y territorios bien diferentes, el 11 de febrero de 1929.

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La Donación de Constantino

El 11 de febrero de 1929 los representantes del Reino de Italia, el primer ministro Benito Mussolini, y la Santa Sede, el cardenal secretario de Estado Pietro Gasparri, firmaron los Pactos Lateranenses. Con la creación del Estado vaticano se ponía fin a la llamada cuestión romana, surgida décadas atrás, cuando, durante su reunificación, Italia empezó a anexionarse territorios de los Estados Pontificios, incluida la misma Roma (septiembre de 1870).

El poder político o temporal de la sede apostólica, materializado en el gobierno sobre una serie de territorios cuya extensión iría variando a lo largo del tiempo, se remonta al siglo IV. La iglesia de Roma había ido adquiriendo desde los primeros tiempos del cristianismo una cierta posición de preponderancia sobre las demás iglesias locales, esparcidas por todo el Imperio. Esta primacía, que hasta entonces se había limitado por lo general a cuestiones doctrinales y de organización interna, alcanzó lo político a partir de Constantino el Grande, y en concreto tras la publicación del llamado Edicto de Milán, que, por cierto, ni era un edicto ni fue emitido en Milán... En realidad, se trató de una carta que Licinio, augusto de Oriente, y Constantino, augusto de Occidente, enviaron a los gobernadores provinciales en junio del año 313.

El referido documento ordenaba el cese de cualquier tipo de persecución contra los cristianos y reconocía a éstos libertad de culto. Representó, por tanto, un paso decisivo respecto al edicto de Galerio del año 311, que preveía sólo el cese de las persecuciones anticristianas por motivos de clemencia o de oportunidad política y que no tuvo el éxito esperado, ya que tras la muerte de Galerio, aquel mismo año, Maximino Daya continuó ensañándose con pasión y eficacia, especialmente con las iglesias de Egipto.

Constantino y Licinio fueron más allá y prescribieron también la restitución a las comunidades cristianas de los bienes que les hubieran sido confiscados. Sancionaron, por tanto, su existencia como entidades corporativas amparadas por el derecho.

Es cierto que la crítica moderna ha reducido la importancia que durante siglos se ha concedido al mal llamado Edicto de Milán y a la iniciativa personal de Constantino a favor del culto cristiano, pero no cabe duda de que su gobierno –principalmente cuando se hizo con el poder absoluto del Imperio, a partir del año 326– supuso el impulso definitivo para el cambio radical que experimentó el cristianismo en términos sociales, económicos y políticos.

Pronto aparecieron escritores cristianos que se encargaron de difundir lo que consideraban buen hacer de Constantino. Es el caso, entre otros muchos, de Eusebio de Cesarea en Oriente y de Lactancio en Occidente. Pero junto a las fuentes literarias fiables surgieron, como suele suceder particularmente en los momentos históricos de gran transcendencia, numerosos escritos apócrifos, atribuidos falsamente a algún personaje de prestigio. Muchos se perdieron; otros, como veremos, lograron pasar por auténticos y obtuvieron un éxito bastante considerable.

El llamado Liber Pontificalis –o Libro de los Papas– consiste en una serie de informaciones biográficas de los obispos de Roma desde el primero de ellos, san Pedro, hasta Esteban V (885-886). Su valor histórico es innegable, y constituye una de las fuentes principales para conocer la historia de los primeros siglos del cristianismo. No obstante, como toda fuente historiográfica, ha de ser estudiado con cautela, contrastando lo que en él aparece con otras fuentes y testimonios. Es el fruto de diferentes compilaciones y agregaciones, por lo cual es imposible datarlo y, menos aún, establecer autorías, máxime cuando gran parte de su redacción se debe a oficiales internos de la sede apostólica. Obviamente, los contenidos referentes a los primeros siglos carecen del rigor historiográfico que cabría exigir a una fuente autorizada. Así, en la sección dedicada al papa Silvestre, cuyo pontificado se extiende entre los años 314 y 335, se recoge la denominada Donación de Constantino.

El Constitutum Constantini se trata, en realidad, de un documento apócrifo en forma de carta dirigida por Constantino al papa Silvestre, a sus sucesores en la sede romana y a todos los obispos católicos del mundo, que por medio de la misma quedaban sujetos a la autoridad del obispo de Roma.

La carta se divide en dos partes: una profesión de fe y la donación propiamente dicha. El emperador concede al Papa y a sus sucesores poder, dignidad e insignias imperiales, además de la soberanía perpetua "sobre Roma, las provincias y las ciudades de toda Italia o de las provincias occidentales". Una versión posterior del texto reemplazó la conjunción o por y, cargada de una marcada intencionalidad política expansiva. El texto original adjudica también a Roma la primacía sobre el resto de los patriarcados: Antioquía, Alejandría, Constantinopla y Jerusalén.

Existen aún serias dudas acerca de la fecha de su composición –hacia el año 850 es ya conocida y aceptada como verdadera en Galia– , así como del lugar en que se hizo, bien Roma, bien la abadía de Saint-Denis, cerca de París.

La falta de autenticidad del documento fue puesta en evidencia ya en el s. XV por parte de Eneas Silvio Piccolomini, futuro Pío II, a quien siguieron diversos humanistas, como Reinaldo Pecock, Nicolás de Cusa y Lorenzo Valla, que demostraron la falsedad de la Donación de Constantino con la ayuda de la crítica textual y literaria, así como con numerosos testimonios históricos.

No obstante, el éxito de la falsificación fue grande y logró el objetivo que se marcaba: sostener la libertad y la independencia eclesiástica de la sede romana frente al poder civil. No sólo fue incluida en diversos textos legales, sino que sirvió como argumento en la Edad Media para los defensores del poder temporal del papado, como Arnaldo de Brescia, Guillermo de Ockam o Marsilio de Padua.

Lógicamente, el nacimiento del nuevo Estado, como tendremos oportunidad de ver en otro artículo, se debió a otras causas no apócrifas sino de índole bien diferente, en las que intervinieron numerosos factores, principalmente políticos.

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