La conversión de Recaredo

Los monarcas visigodos tuvieron que afrontar tres problemas principales que constituyeron desde el inicio una amenaza para la estabilidad del reino: uno político, el carácter electivo de la monarquía, que por lo general impedía transiciones serenas; otro social, una minoría visigoda que regía los destinos de una mayoría hispano-romana; y un tercero religioso, el arrianismo de la casta política, que chocaba con el catolicismo mayoritario.

Los problemas de sucesión al trono nunca se resolverían, pese a los esfuerzos hechos en alguno de los concilios de Toledo. La cohabitación entre visigodos e hispano-romanos fue mejorando gracias a reformas legales como la que autorizó los matrimonios mixtos, que contribuyeron sustancialmente a la cohesión nacional. En cuanto a la cuestión religiosa, más allá de la convicción personal de los convertidos, que no compete a la Historia, se resolvió por decreto.

El camino no fue fácil, con un sinfín de conflictos políticos, sociales, económicos, religiosos e incluso familiares, y una guerra más que civil –en palabras de san Isidoro– entre los miembros de la familia real.

Recaredo había sucedido en el trono a su padre, Leovigildo. Éste, maniobrando inteligentemente para afianzar su poder, había no sólo triunfado en diversas campañas militares –que permitieron la ampliación de los territorios del reino–, sino asociado al Gobierno a sus dos hijos, Hermenegildo y el propio Recaredo. Dio origen, de este modo, a una pequeña dinastía que, aunque no pervivió demasiado tiempo, sí contribuyó decisivamente a modelar un nuevo perfil del Estado visigodo.

Leovigildo consideró que el reino difícilmente podía prosperar si no se actuaba directamente sobre los problemas que afectaban a su estabilidad. Fortalecido por los éxitos de sus campañas militares, que mantuvieron calmada a la siempre intrigante nobleza visigoda, decidió dar un paso más hacia la unidad del reino. Tal ambición no sería posible si no se lograba superar la división religiosa que aún existía en la España de la segunda mitad del siglo VI. Los dos grupos religiosos más importantes eran el catolicismo y el arrianismo. Existía también un buen número de judíos, y el paganismo aún no se había extinguido totalmente, pero su influencia era menor.

Leovigildo ideó un plan que pasaba por suavizar los postulados arrianos a fin de hacerlos aceptables para los católicos. Con ese fin convocó en el año 580 un concilio de obispos arrianos en Toledo. Los resultados no fueron los previstos, puesto que no era fácil hacer converger hacia el arrianismo no sólo a la inmensa mayoría de la población, sino a toda una tradición teológicamente superior y segura de su ortodoxia, compartida, por lo demás, con el resto del orbe cristiano. El arrianismo no dejaba de ser una rémora del pasado, superada ya dogmáticamente, y sobrevivía únicamente gracias a que era la religión de quien ejercía el poder político. Leovigildo no se resignó e intentó por todos los medios llevar a cabo su plan.

Aunque es cierto que en muchas ocasiones se empleó con violencia, no podemos afirmar que desencadenara una persecución contra los católicos. Envió al exilio a algunos obispos y obligó a rebautizar bajo amenazas a muchos católicos, pero nunca se trató de una persecución formal o general al modo en que parte de la tradición historiográfica lo ha querido presentar. No debe olvidarse que los católicos no sólo eran mayoría, sino que controlaban grandes áreas de poder, principalmente en los terrenos económico y cultural, y su influencia en la sociedad no era menor. Así se explica la resistencia episcopal y de gran parte de la nobleza hispano-romana a los planes unionistas de Leovigildo.

A estas dificultades externas se unió una interna. Leovigildo había encargado el gobierno de algunas zonas del reino a sus dos hijos, Hermenegildo y Recaredo. Al primero le fue encomendado lo que fuera la Bética romana. Poco después comenzaron los conflictos entre Hermenegildo y su padre. Sagazmente, Recaredo estaría siempre de parte de Leovigildo; quería hacer méritos ante la nobleza con vistas a la sucesión.

Las fuentes contemporáneas de que disponemos difieren a la hora de explicar los motivos y el desarrollo de esta guerra civil y familiar. Mientras que los autores extranjeros inciden en el factor religioso –Leovigildo no habría aceptado la conversión al catolicismo de Hermenegildo–, los nacionales pasan por alto este aspecto y se centran en cuestiones meramente políticas. La hagiografía sobre Hermenegildo surgiría muchas décadas más tarde; entre otras cosas, porque pocos autores contemporáneos habrían tenido el valor de echarle en cara al recién convertido Recaredo las tropelías que su padre y él habían cometido contra su hermano mártir.

Leovigildo murió sin haber logrado sus objetivos. Le sucedió su hijo Recaredo, aunque no sin haber superado algunas dificultades iniciales –parte de la nobleza y de su propia familia seguía intrigando contra él–. El nuevo monarca afrontó el problema de la consolidación del reino en modo diverso a como lo había enfocado su padre. En lugar de forzar la conversión de los católicos, estimó que quizá fuera más sencillo convertirse él. Lo logró, pero no sin dificultades y con grave riesgo de perder algo más que la corona.

El arrianismo había creado una jerarquía paralela a la católica, aunque ésta gozaba de una mejor organización. Siguiendo la tradición tardorromana, los obispos católicos ejercían toda una serie de funciones que iban más allá de las estrictamente pastorales. Administraban justicia, gestionaban asuntos económicos, administrativos y de instrucción. Su poder y sus recursos eran grandes, y Recaredo se dio cuenta de la inutilidad de luchar contra unas instituciones tan fuertemente arraigadas.

No toda la parte arriana aceptó en bloque la nueva política del rey. Recaredo tuvo que sofocar durante dos años algunas rebeliones, en Mérida, Toledo y la zona narbonense. Superadas las dificultades, podía ya presentarse ante el órgano supremo de la iglesia española para sancionar la unidad religiosa del reino visigodo bajo la ortodoxia católica. Era el 8 mayo del año 589, en la sesión inaugural del tercer concilio de Toledo.

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Publicado en el Suplemento Historia de Libertad Digital

¿Libertad religiosa en el Reino Unido?

Desde 1949, cada dos años tiene lugar la reunión de los jefes de Gobierno de los 54 países que conforman la Commonwealth. Este año se celebró a finales de octubre en la ciudad australiana de Perth, y el primer ministro británico, David Cameron, aprovechó para anunciar su propósito de emprender una serie de reformas constitucionales relacionadas con el derecho de sucesión.

A causa del sistema legal británico –carente de una Carta Magna o Constitución al modo continental–, las reformas deberán realizarse con cautela, revisando un sinfín de leyes, decretos y normas que han ido promulgándose a lo largo de la historia. Además, deberán ser aprobadas por los Parlamentos de los dieciséis países de los que Su Graciosa Majestad es soberana.

La primera de ellas se refiere a la discriminación por motivo de género: "Aboliremos la norma de la primogenitura masculina, de modo que en el futuro el orden de sucesión deberá ser determinado simplemente por el orden de nacimiento, y hemos acordado aplicar esta norma a todos los descendientes del Príncipe de Gales". Por si alguien no entendía esta propuesta –el mundo anglosajón parece haber perdido capacidad de raciocinio–, inmediatamente la explicó con un ejemplo: "Si el Duque y la Duquesa de Cambridge tienen una niña pequeña [sic], esa niña será un día nuestra reina".

La otra propuesta de reforma se refiere a la eliminación de otra discriminación no menos importante: "En segundo lugar, hemos decidido abolir la norma que establece que quien se case con un católico no puede ser monarca". "Permítanme ser claro –volvía a acotar el primer ministro, esta vez no en modo pueril sino bastante inexacto–, el monarca debe estar en comunión con la Iglesia de Inglaterra porque es cabeza de esa Iglesia. Pero es sencillamente erróneo que se le niegue la posibilidad de casarse con un católico si desea hacerlo. Después de todo, ya es libre de casarse con alguien de cualquier otra religión".

Si esta segunda propuesta se convierte en ley, algo que ya se da por seguro, ningún miembro de la familia real británica incluido en la línea de sucesión tendrá que renunciar a sus derechos por casarse con alguien de confesión católica, ni este alguien deberá renunciar a su fe para evitar que su futuro cónyuge sea apartado de los derechos dinásticos.

Hasta aquí, todo claro. Se elimina una aberración jurídica e histórica según la cual sólo los católicos –no los ortodoxos, los protestantes, los judíos, los hindúes, los musulmanes o los fieles de cualquier otra religión, o los simplemente ateos– interferían de manera decisiva en los derechos dinásticos de la monarquía británica. David Cameron podría haber concluido su propuesta con la primera frase; movido, no obstante, por su afán pedagógico, continuó explicitando la propuesta... y ahí se complicó todo. Al reafirmarse y no tenerse intención de cambiar el estado actual de las cosas, según el cual el monarca británico debe estar en comunión con la Iglesia de Inglaterra, de la cual es cabeza, no sólo se permite que siga habiendo una discriminación contra los católicos (y en este caso contra cualquier fiel de otra confesión que no sea la anglicana) en lo referente a la sucesión, sino que se niega al rey o a la reina de turno uno de los derechos fundamentales y elementales de toda persona: el derecho a profesar libremente la religión que desee.

El problema tiene una solución sencilla: separar los dos encargos y dejar por un lado el trono británico y por otro el gobierno supremo de la Iglesia de Inglaterra. Se da el caso, además, de que el monarca británico es titular del trono del Reino Unido y de otros quince estados más, pero es cabeza únicamente de la Iglesia de Inglaterra –que es sólo una parte del Reino Unido–, no de la de Escocia, o de la de Nigeria, o de la de Jamaica, o de la de Papúa Nueva Guinea.

Desde hace décadas, los monarcas británicos asisten a los oficios de un templo perteneciente a la Iglesia de Escocia, no a la de Inglaterra, cuando disfrutan de sus vacaciones en Balmoral. La reina Victoria tuvo que salir al paso de las críticas cuando fue acusada no sólo de frecuentar la liturgia de otra Iglesia diferente a la inglesa, sino de comulgar en y con ella; se justificó diciendo que, como reina de Escocia que era, tenía también derecho a asistir al culto de esa otra iglesia nacional. ¿Qué ocurriría si el templo en cuestión pasara mañana a formar parte de la Iglesia Católica? ¿Se llevaría la actual reina Isabel a un capellán desde Inglaterra o se quedaría sin poder manifestar comunitariamente su fe –a este punto, dudo ya si anglicana, protestante o del grupo mixto–; o, como señalan algunos, se acercaría a la Iglesia Católica, por la que parece que cada día siente más afinidad?

El movimiento ecuménico presenta pocos problemas teológicos que no puedan ser superados –recuérdense cómo se fueron superando las polémicas doctrinales durante los primeros siglos del cristianismo–, pero se enfrenta a otros de carácter histórico, social y político que lo hacen, por el momento, inviable. No sólo la cuestión de la autoridad o del primado del obispo de Roma que ya señalara el propio Pablo VI en 1967 –"El Papa, lo sabemos bien, es sin duda el obstáculo más grave en el camino del ecumenismo"–, y que podríamos aplicar, mutatis mutandis, al caso del soberano británico, sino el rechazo acrítico por parte de las Iglesias separadas de Roma, ya sea en 1054, durante el Cisma de Oriente, ya sea tras la Reforma protestante, a todo aquello que suene a católico o a papista –como prefieren en aquellos ambientes–.

Si el rey de Inglaterra pretende terminar con cualquier tipo de discriminación, que comience por explicar el sentido de uno de sus títulos, Fidei Defensor, y renuncie bien al título, bien al artículo determinado que precede al sustantivo fe en la traducción vernácula del mismo.

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Publicado en el Suplemento Exteriores de Libertad Digital